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¿Estamos realmente protegidos?

Durante décadas la población ha estado expuesta a radiofrecuencias de antenas de radio y televisión con los consiguientes riesgos documentados en la población cercana a estas instalaciones. Sin embargo, especialmente desde finales de la década de los 90 del siglo pasado, la presencia de las estaciones base de telefonía móvil han incrementado de forma exponencial los valores electromagnéticos existentes en el medio ambiente y, por tanto, la exposición de la población en general.

Gráfico 1

Lógicamente, debido a que cada estación base cubre una zona determinada y la distancia es un factor importante para valorar los niveles de radiación existentes, las zonas más cercanas a estas instalaciones emisoras de microondas serán las más afectadas, especialmente los pisos residencial más altos; es decir, los más cercanos a las estaciones base de telefonía móvil. Dependiendo de su potencia, el alcance de estas estaciones base puede ser de varios kilómetros con lo que el área afectada es potencialmente muy grande.

Se ha comprobado en multitud de mediciones, incluyendo las de propio Ministerio de Industria y Energía, que hay amplias zonas habitadas afectadas por valores superiores a las establecidas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a través de la Resolución 1815.

Es posible detectar valores emitidos por las estaciones base superiores a los citados a cientos de metros del foco emisor. Pero si se alejasen las antenas de telefonía de los lugares habitados sin aumentar la potencia, se podría dar servicio a los teléfonos móviles y se reduciría sensiblemente los valores existentes en el medio ambiente habitado.

La actual legislación no tiene en cuenta los estudios y los llamamientos científicos de alerta, prevención y precaución por la intensidad generada por el conjunto de las emisiones de telecomunicación, que incluso sin superar los límites legales se consideran de riesgo para la población expuesta.

Los comités de expertos, médicos y científicos consideran que la normativa vigente no es segura[1] independientemente del calentamiento, como efecto biológico inducido por la emisión de ondas electromagnéticas, ya que el efecto no-térmico está claramente contemplado como inductor de riesgos biológicos en la amplia literatura científica.

Los llamamientos científicos hace años que vienen advirtiendo que muy por debajo del valor límite de exposición establecido oficialmente en base a los mencionados efectos térmicos de la radiación se pueden producir efectos perjudiciales para la salud[2].

Los valores límite sirven hoy en día para mantener el riesgo para la salud de la población en general dentro de unos límites razonables desde el punto de vista de su compatibilidad económica, a cambio de una pérdida de días o años de vida calculada estadísticamente para la población.

Desde las instituciones oficiales se hace referencia continuamente al estado de la ciencia, que precisamente en el estudio de los efectos biológicos de los campos electromagnéticos es más que suficiente para adoptar urgentes medidas de prevención y protección. Esto queda muy bien camuflado en informes de empresas y dictámenes públicos y oficiales. Tan solo aquellos que saben leer entre líneas y que conocen muy bien la materia pueden reconocer también en estos informes la insuficiente fundamentación aportada para la toma de decisiones en torno a la evaluación de los riesgos biológicos. Hábilmente se dejan caer bajo la mesa estudios internacionales que se tachan de “insignificantes”, “poco reproducibles” o “no trasladables del ensayo animal al ser humano”. Cuando es obvio que en la industria química y farmacéutica rigen unas bases de evaluación toxicológica muy severas que se basan principalmente en ensayos con animales. Además, un producto, antes de llegar al mercado, tiene que recorrer un largo itinerario de exámenes detallados en relación a sus efectos biológicos y aún así acaban siendo responsables de numerosas enfermedades hasta que son oficialmente retirados del mercado.

Obviamente esto no rige para los campos electromagnéticos y mientras tanto se acumulan ejemplos de casos en los que las personas presentan cuadros patológicos en el ámbito de la influencia de campos electromagnéticos que están muy por debajo de los valores límite aceptados.

En nuestro país, la ley vigente sobre exposición a campos electromagnéticos de radiocomunicación[3] no tiene en consideración lo anterior y no aplica el Principio de Precaución (concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo[4]), como tampoco lo hizo con el amianto y el tabaco (reconocidos hoy día como sustancias altamente cancerígenas) o con determinados medicamentos ya retirados como Vioxx, responsable de casi 27.000 ataques al corazón y muertes.

Tampoco tienen en consideración los márgenes de seguridad recomendados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a través de la Resolución 1815 del 27 de mayo de 2011[5], cuando, además, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de Organización Mundial de la Salud (OMS) las ha clasificado dentro del grupo 2B, como posible carcinógeno en humanos[6].

Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología deberían establecer un conjunto de normas y procedimientos, de obligado cumplimiento por los operadores de los sistemas de radiocomunicación, que estuviesen orientados a asegurar que en ninguna zona accesible al público se superen los límites establecidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a través de la Resolución 1815.

Como puede observarse en la siguiente figura, existen muchas diferencias en las legislaciones y recomendaciones de los distintos países ¿por qué si en todos ellos se utilizan los móviles de la misma manera y en todos hay cobertura?

También se constata que dentro de estos estándares de supuesta protección se encuentran efectos adversos, como se muestra en la gráfica en rojo.

Las directrices de protección en los distintos países “difieren 5 puntos de magnitud o 100.000 unidades. Esto sería inaudito para los tóxicos químicos y las radiaciones ionizantes donde las normativas a nivel mundial son muy similares” (Dra. Magda Havas).

Hoy en día, numerosos Estados, tanto comunitarios (auspiciados entre otros por la Agencia Europea del Medio Ambiente) como no comunitarios, han establecido normativas más estrictas que la desfasada Recomendación Europea 1999/519/CE (del criterio ICNIRP) en uno u otro aspecto de la protección frente a la radiación. Así, y dentro de la propia Unión Europea, son casi la mitad: Reino Unido, Italia, Suecia, Finlandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Lituania, Bulgaria, Polonia y Grecia. Y fuera de la Comunidad tendríamos a Suiza, Canadá, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Rusia, China y, destacadamente, a Liechtenstein, que ha adoptado valores límite 10.000 veces más estrictos que el criterio térmico cortoplacista del ICNIRP, que es el adoptado en nuestro país.

[1] Declaraciones y Resoluciones internacionales

[2] Resolución 1815 del Consejo de Europa

[3] https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/29/pdfs/A36217-36227.pdf

[4] http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139578e.pdf

[5] Resolución 1815 del Consejo de Europa

[6] http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php

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